Desmontando el mito sobre la libertad de expresión en Venezuela

press-freedom_0HECHO: El 7 de marzo del 2014, la corresponsal de CNN Christiane Amanpour entrevistó a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Una de las preguntas que le hizo al Presidente fue si la prensa era bienvenida a hacer su trabajo en Venezuela, a lo que Maduro contestó: “aquí en Venezuela tiene todas las libertades para ir y venir y para transmitir al mundo cada vez más la verdad de lo que pasa Venezuela”. Unos días después, tras cumplirse el primer mes de protestas continuas en Venezuela, el 13 de marzo de 2014 Maduro reiteró: “aquí no hay delito de opinión. Aquí hay libertad de expresión. Defendamos la libertad de expresión”.

CONTEXTO: el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Esto se refleja a su vez en el artículo 58 de la Constitución  de Venezuela, que dice que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura (…) así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes”.

La cobertura que han dado los medios de comunicación venezolanos a la situación de protestas que se vive en el país ha generado dudas y críticas. Poco se han reflejado en las pantallas de televisión las marchas, las trancas en las calles, los episodios de represión o las declaraciones de líderes opositores y estudiantes. En contraste, las manifestaciones oficialistas y las declaraciones de personajes del gobierno tienen amplia cobertura, y no solo en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Para mantenerse informados de lo que sucede, los venezolanos dependen cada vez más de la comunicación boca a boca y, especialmente, de las redes sociales. El propio Maduro dijo, en una Rueda de Prensa ofrecida el 14 de marzo de 2014, que: “ahora el Twitter es el líder… ellos [la oposición] viven del Twitter”.

DESMONTANDO LOS ARGUMENTOS:

Para 2013, Reporteros Sin Fronteras ubicó a Venezuela en la posición 117 de entre 179 países, respecto a la libertad de información. Para clasificar a los países, esta ONG considera

  • el pluralismo de las opiniones presentadas en los medios;
  • la independencia de los medios;
  • el contexto de trabajo de los periodistas y la autocensura;
  • estructura legislativa y transparencia de las instituciones que afectan la producción de noticias y la información; y
  • la infraestructura de producción de las noticias y la información.

Veamos algunos de estos puntos con más detalle.

Control sobre los Medios. Según una entrevista dada el 25 de febrero de 2014 por el Embajador de Venezuela en Alemania, “el 80% de las televisoras venezolanas están en manos privadas”. Y, en palabras del propio Nicolás Maduro, “los medios de la burguesía nacionales e internacionales ignoraron al pueblo”.

Ahora bien, el número de medios no es indicativo del nivel de control de la información. Por ejemplo, mientras que 14 medios (6 estaciones de TV) están adscritos al Sibci, a 2012 se estimaba que 13 canales de TV, 107 radios de servicio público y 20 diarios – muchos de ellos privados – se identificaban como “pro gobierno o equilibrados”.

Esto indudablemente tiene que ver con la presión hacia los medios. Además del cierre de RCTV en 2007, según cifras del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), entre el 1 agosto de 2009 y el 1 agosto de 2010, el Gobierno Central cerró 34 emisoras de radio, 2 televisoras regionales, 6 televisoras por cable y 2 medios impresos, ampliando el impacto relativo de los medios públicos. Para julio de 2013, el cierre de medios de diversa índole llegaba a 45.

Otro caso resaltante es la crisis del papel periódico. Para principios de marzo, Cencoex aún no liquidaba las divisas adeudadas a diarios privados, lo que imposibilita la importación de papel periódico por parte de 80 rotativos. Solo al Diario El Nacional se le adeudan US$ 3,8 millones. Ya para el 07 de marzo de 2014, estas deudas habían detenido las imprentas de 13 periódicos y los que aún sobreviven han tenido que disminuir sus páginas.

Frente a todo esto, no resulta sorprendente que en 2012 el Centro Carter afirmara que “el panorama de los medios de comunicación venezolanos cambió drásticamente en el transcurso de la última década [2002-2012], pasando de un claro predominio de medios televisivos, radiales e impresos privados (en su mayoría políticamente opuestos al gobierno de Chávez) a un claro crecimiento de los medios estatales, los que en la actualidad incluyen cinco canales de televisión y varias importantes estaciones de radio, todos los cuales promueven el programa y la ideología del gobierno)”.

En las transmisiones de los cada vez más medios públicos y “pro-gobierno” –entre los que destaca la reciente inauguración de la televisora militar TV FANB– los funcionarios de oposición no tienen cabida, con la excusa de que promueven “el golpismo.”

Además, los medios privados nacionales mantienen una postura de auto-censura para proteger sus señales, como el caso de Globovisión tras su venta en mayo de 2013. Aquellos medios que deciden continuar transmitiendo informaciones u opiniones en tono incómodo al Gobierno Central, se enfrentan a posibles consecuencias, como el canal internacional NTN24 que salió del aire en Venezuela pues Nicolás Maduro afirmó estaba transmitiendo “zozobra” de un intento de golpe de Estado. También resalta el hostigamiento en contra de CNN En Español: el 20 de febrero de 2013, Nicolás Maduro afirmó en Cadena de Radio y TV que se había comenzado el proceso administrativo para “sacarlos de Venezuela” si no rectificaban su línea editorial respecto a las manifestaciones que se reportan en el país.

Se han reportado bloqueos –por parte del Gobierno Central- de páginas web, de contenidos de Twitter y del servicio de Internet y teléfono en el estado Táchira. Aunque el Gobierno Central insiste en que en Venezuela no hay cerco alguno del Internet y que no se han bloqueado cuentas de Twitter, se reporta que esas son las intenciones –de ser posibles- de las autoridades nacionales. Además, aunque el país había dejado de integrar en 2012 la lista de países bajo vigilancia por el control al que someten a la red de Internet, Reporteros Sin Fronteras volvió a activar las alarmas sobre Venezuela.

Sobre la Censura y la Violaciones a la Libertad de Expresión. Entre 2002 y 2013, la ONG Espacio Público reportó 418 casos de censura, alcanzando un record histórico de 77 casos en 2013. Si se consideran otras violaciones a la libertad de expresión, se acumulan 2.011 ataques entre 2002 y 2011 y 542 entre 2012 y 2013.

Durante las manifestaciones de 2014, la situación se ha tornado crítica: entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, Espacio Público registró 162 violaciones a la libertad de expresión.  En el caso particular de los periodistas que han cubierto las protestas a nivel nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), registró 126 agresiones contra estos: 23 detenciones, 53 casos de hostigamiento, 24 heridos, 1 herido de bala y 25 robos.

Un caso resaltante es el de la italiana Francesca Comissari: fue injustamente detenida por la GNB el 28 de febrero de 2014 en Altamira, y luego de ser liberada tras correrse el rumor de una posible extradición, sus equipos de trabajo –que desaparecieran durante la detención- estaban siendo vendidos en Mercado Libre. Vale decir que los ataques a periodistas han venido tanto por parte de funcionarios oficiales como por parte de los manifestantes.

Sobre las Cadenas de Radio y TV. El artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones autoriza al Presidente de la República a ordenar cadenas de radio y TV. Adicionalmente, y producto de hechos como la división de las pantallas de televisión durante la alocución oficial del 11 de abril de 2002, la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión ´Ley Resorte- vigente (Gaceta Oficial N° 39.610, 07/02/2011) prohibe interferir con los mensajes y alocuciones del Estado –incluyendo las “Cadenas Presidenciales.”

Entre 1999 y 2012, el Presidente Chávez “encadenó” a las televisoras y radios en cerca de 2.500 ocasiones, acumulando más de 1.700 horas de transmisión. Esto equivale a cerca de 70 días ininterrumpidos, y más de 200 días laborables de 8 horas. Durante esos 14 años, se promediaron 20 minutos de Cadena de Radio y TV por día.

Las Cadena de Radio y TV fueron de gran utilidad como herramienta comunicacional durante la gestión de Chávez, pero durante la corta gestión de Maduro han asumido mayor importancia. En 2013, se transmitieron 169 horas de Cadena de Radio y TV Presidenciales, el 2do año con más transmisión de los últimos 15 años, después de 2008 (173 horas). Aún más, solo entre enero y febrero 2014 los medios se encadenaron durante 47 horas; y entre el 12 y el 26 de febrero de 2014, durante las 2 primeras semanas de protestas continuas que se viven en Venezuela, se encadenó durante 26 horas, para un promedio diario de 105 minutos por día.

Sobre la libertad de opinión. [Versión original de esta sección presentada por primera vez en “Desmontando mitos: ¿es Venezuela una democracia?”] Aunque el Gobierno Central suele referirse a que en Venezuela se pueden expresar libremente opiniones en su contra, en la práctica quienes disienten deben asumir consecuencias.

Por ejemplo, quienes firmaron para realizar un referéndum revocatorio al gobierno de Hugo Chávez en 2004, fueron identificados en la “Lista de Tascón” o “Lista Maisanta” y como consecuencia se registraron múltiples denuncias de despidos de empleados públicos, se negaban puestos de trabajo y se negaban beneficios de programas sociales. La discriminación por tendencia política desde el Gobierno Central se ha mantenido, incluyendo amenazas hechas a trabajadores petroleros por parte de Rafael Ramírez en 2006 o a empleados del Ministerio de Vivienda por parte de Ricardo Molina en 2013. También se han denunciado amenazas a los votantes durante los procesos electorales, que de hecho es una de las razones por las que se solicitó la impugnación del resultado de las elecciones del 14 de abril de 2013.

Incluso, quienes desde el oficialismo han realizado críticas al Gobierno Central han sufrido consecuencias. Tal es el caso de Nicmer Evans, un politólogo afecto al oficialismo que tras criticar algunas decisiones del gobierno de Maduro vio cancelados sus programas de radio y televisión. Por su parte, abundan también los ejemplos donde los que expresan opiniones favorables y adhesión al proyecto oficialista parecen ser recompensados, e incluso quienes están en el poder enfrentan pocas posibilidades de que las autoridades judiciales actúen en su contra: se desestiman denuncias de corrupción, el arrollamiento de un manifestante puede calificarse de “accidente”, o el llamado a un “contra ataque fulminante” no se considera incitación a la violencia incluso si el saldo fue de varios heridos y muertos.

Un caso resaltante ocurrido en el último mes de manifestaciones, es el de los periodistas Alexander Zapata de VTV y de David De Matteis de Globovisión, ambos despedidos de su trabajo por emitir opiniones negativas respecto al Gobierno Central vía Twitter. En particular, a Zapata lo botan de VTV por criticar el desempeño del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, mientras que a De Matteis lo botan por criticar a Nicolás Maduro. Vale recordar también que muchos periodistas han decidido renunciar a Globovisión, por el llamado “blackout informativo” de los eventos del 12 de febrero de 2014. Además, desde la venta de Globovisión en mayo de 2013, varios periodistas han sido despedidos, como Diana Carolina Ruiz que salió del canal por iniciar “la emisión meridiana deseándole a los venezolanos ‘un año próspero, productivo y abastecido’”.

Campañas Electorales. En el informe presentado por el Centro Carter respecto a la Campaña Presidencial del 7 de octubre de 2012, se precisa que “los medios estatales tendieron a invisibilizar al candidato de la coalición opositora, o a dar informaciones desfavorables, mientras que la cobertura del candidato Chávez sólo incluyó puntos de vista positivos”. Si bien el rating de los medios estatales es relativamente pequeño (5,4%), durante la semana de las elecciones éste “aumentó al 24 por ciento, alcanzando el segundo lugar en la preferencia de los votantes”.

En el caso de la Campaña Presidencial de abril de 2013, el Comando Simón Bolívar presentó 222 denuncias por violación de la normativa de campaña por parte del Gobierno Central. Estas denuncias incluyeron, uso de recursos públicos para financiar publicidad y eventos, uso de niños para hacer campaña y un importante desbalance informativo por parte de los medios oficiales.

Por ejemplo, entre el 2 y el 10 de abril de 2013, en plena campaña electoral, VTV transmitió casi 6 horas de discursos de Henrique Capriles Radonski mientras que transmitió a Nicolás Maduro por poco más de 65 horas. Esto último es corroborado por el Centro Carter, cuando en su informe sobre el proceso electoral, afirma que “se observó un fuerte desbalance en la cobertura de las actividades de los principales candidatos, especialmente en  los medios públicos, donde la cobertura que recibió el presidente-candidato fue abrumadoramente positiva (…) los espacios de VTV fueron dedicados “casi a tiempo completo” a la promoción de la candidatura oficial, apenas mencionando a los otros candidatos”. Además, se afirma que “Globovisión incurrió en un marcado sesgo a favor de la candidatura de la oposición… [y el canal] …justificó el desequilibrio registrado en su cobertura informativa como una respuesta al predominio de la candidatura oficial en el Sistema Nacional de Medios Públicos”.

Estadísticas Oficiales. El artículo 143 de la Constitución establece el derecho a ser informados. Ese derecho no lo cumple el gobierno.

Un ejemplo de la falta de transparencia lo constituyen los retrasos que presenta el Banco Central en la publicación de las estadísticas oficiales, sobre todo en el último año. Desde que se calcula el INPC en 2008, la publicación se ha retrasado en 5 ocasiones (las normas que regulan el INPC indican que se debe publicar dentro de los primeros 10 días de cada mes), todas en 2013 y 2014: en enero de 2013, al publicarse el día 11;  en abril de 2013, al publicarse el día 15, un día después de las elecciones presidenciales; en diciembre de 2013, al publicarse el día 30; en febrero de 2014, al publicarse el día 11; y en marzo de 2014, al publicarse el día 14. A su vez, al 15 de marzo de 2014, el BCV aún no había publicado el Mensaje de Fin de Año 2013 de su Presidente. Desde 1999, la nota de prensa sobre la publicación del Mensaje nunca había superado el 30 de diciembre respectivo, y la publicación del archivo se había publicado como máximo el 12 de enero (como ocurrió en 2009).

***

La realidad actual parece indicar que los medios pueden transmitir libremente en la medida en que la información sea favorable a la postura oficialista. Los venezolanos pueden expresarse y opinar, en la medida en que los venezolanos estén dispuestos a arriesgarse a pagar los costos de opinar en contra del gobierno. Por lo tanto, las afirmaciones de Nicolás Maduro acerca de la “libertad” de expresión son exageradas.

5 thoughts on “Desmontando el mito sobre la libertad de expresión en Venezuela

  1. El artículo está genial y aplaudo la idea de publicar en las dos lenguas, pero les sugiero cuidar un poco la traducción. No hay ninguna necesidad de mutilar el español usando el anglicismo “rankear” cuando se puede decir perfectamente “clasificar”, “evaluar”, “comparar”, “categorizar”, etc.

    Like

  2. “Los venezolanos pueden expresarse y opinar, en la medida en que los venezolanos estén dispuestos a arriesgarse a pagar los costos de opinar en contra del gobierno.”
    Por lo tanto, no existe libertad de expresión en Venezuela.
    A eso no hay que darle más vueltas.

    Like

  3. Sólo quisiera agregar que la “libertad de expresión” también incluye el acceso a la información pública, y esa dimensión en Venezuela está menguada. No hay posibilidad de acceder a data que debería ser publicada de manera continua por un sinnúmero de organismos públicos. La opacidad no permite saber los salarios de los funcionarios públicos, los destinos de muchas partidas, la ejecución presupuestaria, los acuerdos firmados con otros países, la cantidad de homicidios (con data discriminada), la existencia de medicamentos o el acceso restringido a periodista en lugares como hospitales y la propia Asamblea Nacional.
    Todo eso lesiona, mutila, empobrece la información en Venezuela.
    #FanClubAnabellaAbadi

    Like

Comments are closed.